CARACAS (Reuters) – Las restricciones al espacio cívico en Venezuela siguen siendo una preocupación, dijo el lunes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La oficina de Bachelet dijo que documentó 97 incidentes de «estigmatización, criminalización y amenazas contra voces disidentes, particularmente contra la sociedad civil, los medios de comunicación y miembros de la oposición» desde junio de 2020 hasta mayo de 2021.
La gran mayoría de estos incidentes involucraron a personas acusadas penalmente de «formas legítimas de compromiso cívico», dijo Bachelet.
La detención de tres miembros de la ONG FundaRedes es un «ejemplo preocupante» de este tipo de criminalización, dijo.
Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, que ha sido la entidad más activa en denunciar abusos y actividades ilícitas de grupos armados irregulares colombianos en Venezuela, y otros dos fueron imputados el sábado por incitación al odio, traición a la patria y terrorismo.
El informe también planteó preocupaciones sobre las condiciones en los centros de detención, el debido proceso y el acceso a los servicios básicos y pidió que las vacunas estén disponibles para todos.
“Hago un llamado a que se garantice a todas las personas detenidas el acceso a alimentos, agua, saneamiento y atención médica adecuados”, dijo Bachelet.
En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado en Twitter, diciendo que «de un puñado de supuestas denuncias de violaciones de derechos humanos, han hecho denuncias no verificadas».
Dijo que el informe era parte de una «mentira construida para alimentar artificialmente un caso ante la Corte Penal Internacional, con el objetivo político de desestabilizar las instituciones democráticas del país».
El Alto Comisionado acogió algunas acciones que vio como avances, incluidas las reformas policiales y judiciales, una tendencia a la baja en las presuntas muertes en protestas y operaciones de seguridad, y cierta mejora en la impunidad, destacando la condena de un oficial de policía que mató a un manifestante en 2017.
Señaló que el principal fiscal de Venezuela había accedido a otorgar a su oficina acceso a archivos relacionados con violaciones de derechos humanos.
(Reporte de Sarah Kinosian; Editado por Sonya Hepinstall)
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