Organizaciones sin fines de lucro de Venezuela han denunciado el acoso por parte del gobierno de Maduro

CARACAS (Reuters) – Carlos Julio Rojas, de 36 años, dice que ha sido arrestado cuatro veces en los últimos cinco años por pedir al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro que mejore los servicios básicos como la luz y el agua en la capital.

Rojas, quien encabeza el grupo sin fines de lucro Frente de Defensa del Norte de Caracas, pasó 10 horas en una celda en julio pasado por unirse a una protesta de jubilados en busca de mejores pensiones.

«Hay intimidación legal … o acoso por parte de grupos armados o fuerzas de seguridad del Estado que obstaculizan directamente los esfuerzos para presentar denuncias y protestas», dijo Rojas en una entrevista.

El Ministerio de Información y la Fiscalía General no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El gobierno de Maduro rechaza las acusaciones de abusos generalizados de derechos y dice que es víctima de una campaña de difamación liderada en el extranjero.

Un informe publicado a principios de este año mostró un fuerte aumento en los ataques contra organizaciones sin fines de lucro venezolanas en 2020, incluido el arresto de cinco trabajadores de una organización que brinda apoyo a personas con VIH.

Según un informe publicado el martes, el grupo de derechos humanos Center for Defenders and Justice (CDJ) registró 99 incidentes de seguridad contra activistas que van desde arrestos hasta amenazas y redadas en oficinas. En enero de 2020, el grupo solo informó de 10 de estos incidentes.

Los líderes de la sociedad civil dicen que el acoso es parte de los esfuerzos de Maduro por consolidar el control político.

La situación es muy difícil para los que están fuera de la capital, dijo Liliana Ortega, del grupo de derechos humanos COFAVIC.

Ortega señaló el caso de los cinco integrantes del grupo de apoyo al VIH Blue Positive, con sede en el occidental estado de Zulia. Fueron arrestados por agentes de inteligencia militar por cargos de conspiración y lavado de dinero como parte de un programa que apoya a personas en un vecindario pobre.

Los cinco fueron puestos en libertad este mes, pero deben asistir a las audiencias cada 30 días.

«El gobierno está tratando de reemplazar esta sociedad civil inconveniente (y) neutralizar a los activistas que son … independientes», dijo Rafael Uzcategui, coordinador del grupo de derechos humanos Provea.

(Informado por Vivian Sequera; Editado por Lisa Shumaker)