CARACAS (Reuters) – La Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por la oposición, aprobó el martes una propuesta de los comités que supervisan los activos extranjeros del país para extender por cinco años la validez de miles de millones de dólares en bonos en default emitidos por el gobierno y la compañía estatal PDVSA.
La propuesta abre la puerta al pago de la deuda y a negociaciones de reestructuración, reduciendo los riesgos de nuevas demandas en los tribunales estadounidenses, donde los acreedores han estado acudiendo en masa para hacer cumplir las sentencias relacionadas con casos de expropiación y falta de pago por parte de Venezuela.
«Es necesario que, antes del plazo perentorio, ya que los bonistas ven la oportunidad de demandar por una indemnización…, la Asamblea Nacional acuerde extender la fecha de vencimiento de los bonos», dijo el diputado José Salazar durante la sesión.
El objetivo principal de la decisión es lograr una «reestructuración financiera organizada» de los aproximadamente 60 mil millones de dólares en deuda externa de Venezuela, alentando así a los tenedores de bonos a evitar acciones legales durante cualquier negociación de reestructuración de la deuda.
El presidente Nicolás Maduro y PDVSA tomaron una medida similar a principios de este año. Pero como el gobierno de Maduro no es reconocido por Washington, las conversaciones con los tenedores de bonos para suspender el plazo de prescripción de la deuda no han avanzado mucho.
Venezuela tiene dos congresos, pero sólo el controlado por la oposición es reconocido en el extranjero y ha recibido autoridad de Estados Unidos para negociar cualquier pago de deuda externa. Tras las sanciones petroleras de Estados Unidos al país sudamericano en 2019, la Asamblea Nacional liderada por la oposición nombró comisiones y juntas para supervisar las actividades exteriores de Venezuela.
La administración de Maduro suspendió los pagos a los tenedores de bonos en 2017. En octubre, el incumplimiento habrá cumplido su sexto año, lo que activará opciones legales para reclamar el dinero.
La extensión de los bonos y posibles negociaciones con los bonistas, que están a la espera de la aprobación de Estados Unidos, no significan que Venezuela renuncie a su derecho de contemplar acciones legales para proteger los activos, si fuera necesario, bajo el acuerdo.
(Reporte de Mayela Armas y Marianna Parraga; Editado por Gary McWilliams y Jonathan Oatis)
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