España es actualmente el segundo país del mundo con el segundo mayor número de primas impagadas -que asciende a 645 millones de euros- tras Venezuela y por delante de Rusia.
El Tribunal Superior de Australia ha rechazado por unanimidad un recurso presentado por España en un litigio internacional sobre los laudos dictados por el CIADI, el órgano de arbitraje del Banco Mundial, vinculados a los recortes realizados a las renovables. En consecuencia, algunos activos de España en Australia, como los activos de Navantia, la sede del Instituto Cervantes, cuentas bancarias, etc., pueden ser embargados para hacer frente a la deuda de más de 120 millones de euros que tiene el Reino de España con los inversores de Antin que han reclamado con éxito una indemnización por los recortes realizados en 2014 a la rentabilidad esperada de las plantas renovables en nuestro país.
Recordamos que hace apenas unos días la High Court de Londres también decretó tres órdenes de pago provisional que, de no ser compensadas por el Estado español, otorgarían a Blasket Renewable Investments LL la garantía para ejecutar la titularidad de la sede del Instituto Cervantes en Londres, como así como sede de la Agencia per a la Competitivitat de L’Empresa, embajada comercial de la Generalitat de Cataluña. También ordenó el congelamiento de cuentas bancarias controladas por el Instituto Cervantes en el Banco Santander.
Estas órdenes de pago provisional ante el embargo de los inmuebles situados en Devereux Ct 15-19 y 17 Fleet Street, responden a la negativa del Gobierno español a pagar las indemnizaciones previstas en varios laudos internacionales por los drásticos recortes que prometen la rentabilidad de las plantas renovables en nuestro país que sufrieron en 2014 debido a la reforma llevada a cabo por el gobierno de Mariano Rajoy.
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